Autoridad Portuaria de Alicante

En virtud de lo dispuesto en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la Autoridad Portuaria de Alicante, se constituyó el 1 de enero de 1993, mediante la transformación del Organismo Autónomo preexistente “Junta del Puerto de Alicante”, al que sucedió en la titularidad de su patrimonio, según lo establecido en el artículo 35, Disposición Adicional 6ª y Disposición Final 1ª.

La Autoridad Portuaria es una Entidad de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente de los del Estado, con plena capacidad de obrar para el desarrollo de sus fines, y actúa con sujeción al ordenamiento jurídico privado. Se rige por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que le sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Con la entrada en vigor de la Ley 48/2003, de “Régimen Económico de Puertos de Interés General”, modificando parcialmente el marco normativo, especialmente en lo referido al régimen económico de la Autoridad Portuaria de Alicante. Asimismo, durante el año 2010, se aprobó la Ley 33/2010 de 5 de agosto, que modifica parcialmente las Leyes 48/2003 y 27/1992, entrando en vigor de manera progresiva.

Finalmente, en el año 2011, se publicó el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Hasta el 1 de enero de 1993, fecha de la entrada en vigor de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el Puerto era un Organismo Autónomo de carácter comercial de la Administración del Estado. A partir del 1 de enero de 1993, la Autoridad Portuaria de A Coruña, de acuerdo con el artículo 50 apartado 2 de la Ley 27/1992, modificada por la Ley 62/1997, ajustó su contabilidad a las disposiciones del Código de Comercio, a las del Plan General de Contabilidad y a las demás disposiciones que le son de aplicación, sin perjuicio de las obligaciones de información a que se refiere el artículo 123 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

El régimen económico del sistema portuario de titularidad estatal, integrado por los organismos Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Texto Refundido, deberá responder al principio de autosuficiencia económica del sistema portuario en su conjunto y de cada una de las Autoridades Portuarias en un marco de autonomía de gestión económico-financiera de los organismos públicos portuarios.

Depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de Puertos del Estado, actuando bajo el principio general de autonomía de gestión, mediante el Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla estructura orgánica básica del Ministerio.