Consorcio de Residuos y Energía de Menorca

Objeto social: 1.- Constituye el objeto principal del Consorcio:

a.- El estudio, la programación y la prestación de servicios de gestión de residuos los cuales sean competencia de los entes integrantes del Consorcio. A los efectos de estos estatutos se entenderá por gestión de residuos: la recogida (que integra la clasificación y almacenamiento), el transporte y el tratamiento (entendido como cualquiera de las operaciones de valorización y de eliminación) y cualquier otra actividad relacionada con los residuos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociando o agente.

Para la prestación de servicios de recogida no separada de residuos, será necesaria la formalización previa del correspondiente convenio regulador.

Así mismo se entenderá incluido dentro del objeto del Consorcio la vigilancia de las actividades mencionadas en el párrafo anterior, así como la gestión de las infraestructuras necesarias por su desarrollo, incluida la clausura y el mantenimiento posterior en el cierre.

b.- El fomento, por este orden, de su reducción, reutilización y reciclaje y de otras formas de valorización, con el fin de proteger el medio ambiente y la salud de las personas, de acuerdo con la normativa vigente y en coherencia con los principios del desarrollo sostenible, sobre los cuales apoya la declaración de la isla de Menorca como reserva de biosfera.

c.- Cualquier actividad que redunde en beneficio de los principios y actividades señalados en los apartados anteriores.



2.- Además de cumplir el objetivo principal anterior, el Consorcio podrá prestar servicios de gestión de residuos que no sean competencia de los entes integrantes del Consorcio. Para la prestación de estos servicios será necesaria la formalización previa de un convenio regulador con el ente competente o disponer de la preceptiva autorización administrativa.

3. Asimismo, el Consorcio podrá promover, participar, ejecutar y explotar comercialmente todos los proyectos y programas que estén relacionados con las energías renovables, alternativas y no contaminantes que faciliten la consecución de las finalidades establecidas, así como la aplicación de políticas que promuevan medidas de eficiencia energética y de reducción de la contaminación lumínica.

4. Cualquier otra actividad que resulte del deber de coordinación previsto en el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, LRBRL, previo cumplimiento de los requisitos establecidos, siempre que esté relacionada con las actividades a que se ha hecho referencia en los apartados precedentes.

5. La creación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las actividades anteriores así como el asesoramiento, la elaboración de proyectos y su aprobación en relación con estas materias.