Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Cádiz

El Centro Regional de la UNED de Cádiz, fue creado por Orden Ministerial, de 21 de febrero de 1973. Posteriormente, el 2 de septiembre de 1981 se firma el Convenio concertado entre la UNED y la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 2114/74 de 25 de octubre. Con fecha 28 de febrero de 2017 se aprobó el vigente Estatuto del Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED en Cádiz, estableciendo en su artículo primero que el Consorcio está compuesto por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, y el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.

EI Consorcio tendrá por finalidad el sostenimiento y dirección del Centro Asociado como unidad de estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados y que acuerde la Junta Rectora del Consorcio.

En aplicación de lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público, los centros asociados de la UNED revisten la naturaleza jurídica de consorcios, modificando a tal efecto sus estatutos para quedar adscritos a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Como consecuencia directa de dicha adscripción, pasan a formar parte del Sector Público Institucional Estatal, clasificados como sector público administrativo.

El Centro Asociado de la UNED en Cádiz se configura como un Consorcio público de ámbito estatal, sujeto al régimen de presupuesto estimativo y a la Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En materia de contratación se regirá por lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.