Autoridad Portuaria de A Coruña

La Autoridad Portuaria de A Coruña se constituyó el 1 de enero de 1993, en virtud de lo dispuesto en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, mediante la transformación del Organismo Autónomo preexistente “Junta del Puerto de La Coruña”, al que sucedió en la titularidad de su patrimonio.

La Autoridad Portuaria, es una Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propios independientes de los del Estado, teniendo plena capacidad de obrar para el desarrollo de sus fines, y actúa con sujeción al ordenamiento jurídico privado, incluso en las adquisiciones patrimoniales y de contratación, salvo en el ejercicio de las funciones de poder público que el ordenamiento le atribuya. Se rige por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que le sean de aplicación y supletoriamente por la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, ambas del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente. Su regulación específica viene determinada por el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. Esta normativa se encuentra permanente actualizada en el Boletín Oficial del Estado, como texto consolidado, siendo la última actualización de la misma publicada el 15 de octubre de 2018.

Hasta el 1 de enero de 1993, fecha de la entrada en vigor de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el Puerto era un Organismo Autónomo de carácter comercial de la Administración del Estado. A partir del 1 de enero de 1993, la Autoridad Portuaria de A Coruña, de acuerdo con el artículo 50 apartado 2 de la Ley 27/1992, modificada por la Ley 62/1997, ajustó su contabilidad a las disposiciones del Código de Comercio, a las del Plan General de Contabilidad y a las demás disposiciones que le son de aplicación, sin perjuicio de las obligaciones de información a que se refiere el artículo 123 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

El régimen económico del sistema portuario de titularidad estatal, integrado por los organismos Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Texto Refundido, deberá responder al principio de autosuficiencia económica del sistema portuario en su conjunto y de cada una de las Autoridades Portuarias en un marco de autonomía de gestión económico-financiera de los organismos públicos portuarios.

Depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de Puertos del Estado, actuando bajo el principio general de autonomía de gestión, mediante el Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla estructura orgánica básica del Ministerio.