Autoridad Portuaria de Avilés

La Autoridad Portuaria de Avilés es una entidad de Derecho Público, creada al amparo de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, mediante la transformación del antiguo organismo autónomo “Junta del Puerto y Ría de Avilés”, habiéndose subrogado en las relaciones jurídicas de esta entidad con efectos 1 de enero de 1993.

Hasta el 1 de enero de 1993, fecha de la entrada en vigor de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la “Junta del Puerto y Ría de Avilés” era un Organismo Autónomo de la Administración del Estado.

La Entidad se rige en la actualidad por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Dicha norma pasó a refundir en un único texto la citada Ley 27/1992 de 24 de noviembre, la Ley 62/1997 de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la Ley 48/2003 de 26 de noviembre de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, y la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general. La Autoridad Portuaria se rige, a su vez, por las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que le sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y actúa con sujeción al ordenamiento jurídico privado, incluso en las adquisiciones patrimoniales y en la contratación, salvo en el ejercicio de funciones de poder público que el Ordenamiento le atribuye, desarrollando las funciones asignadas bajo el principio general de autonomía de gestión, sin perjuicio de las facultades atribuidas al Ente Público Puertos del Estado y las de tutela y fiscalización que sobre ella ostente el Ministerio de Fomento y de las que correspondan a las Comunidades Autónomas.

La Autoridad Portuaria es una Entidad de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente de los del Estado, con plena capacidad de obrar para el desarrollo de sus fines, y actúa con sujeción al ordenamiento jurídico privado. Se rige por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que le sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Corresponde a las Autoridades Portuarias la gestión y administración de los recursos relacionados anteriormente, en un marco de autonomía de gestión, con criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad ambiental.

El régimen económico del sistema portuario de titularidad estatal, integrado por los organismos Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Texto Refundido, deberá responder al principio de autosuficiencia económica del sistema portuario en su conjunto y de cada una de las Autoridades Portuarias en un marco de autonomía de gestión económico-financiera de los organismos públicos portuarios.

Depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de Puertos del Estado, actuando bajo el principio general de autonomía de gestión, mediante el Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla estructura orgánica básica del Ministerio.